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Política industrial con propósito público

 La política industrial se está retomando principalmente en Europa y EUA para promover la autosuficiencia nacional pero tiene que reforzarse su finalidad pública por encima de sus objetivos empresariales. 

En el marco de la actual crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania han surgido visiones que apoyan la producción nacional de bienes básicos como alimentos y vacunas. En el más reciente Foro Económico Mundial de Davos 2023 se mencionó que la cadena de suministro debe de ser diferente para los productos esenciales que para los no esenciales. Pero si bien se está retomando la importancia de los bienes públicos y de ampliar el marco de acción del gobierno para que pueda centrarse en resolver diferentes problemas se destaca la contradicción de los peligros del proteccionismo debido a las diferentes alianzas globales y lo importante que es mantener el mundo lo más abierto posible. 

Vemos en estas ideas que el pensamiento autárquico está cobrando relevancia práctica aunque no esté libre de contradicciones y desafíos. Aquí vale la pena anotar algunas consideraciones para comprender la discusión actual. Esta disyuntiva entre autarquía o auto suficiencia nacional y apertura e interdependencia no es nueva. Gracias al economista John M. Keynes el pensamiento autárquico fue muy popular durante la década de 1930 pero después de la Segunda Guerra Mundial durante la Conferencia de Bretton Woods en 1944 se rechazó en favor del multilateralismo económico y la apertura al mercado mundial. La autarquía se asoció con la gran depresión y el fascismo y se creó un orden interdependiente para evitar la guerra y promover la cooperación internacional. 

Ahora bien, la necesidad de producir bienes esenciales dentro de las fronteras de un país ha reforzado la discusión sobre el retorno de las políticas industriales para producir bienes básicos. 

Pero la política industrial por sí misma, y el objeto de este texto es hacer énfasis en ello,  no implica la consecución automática del bienestar público. 

La política industrial puede diseñarse como una extensión de la actividad empresarial bajo el supuesto de que si los negocios van bien a la sociedad también le irá bien. Y ese es el supuesto que suele asumirse habitualmente aunque no tenga mucho sustento en la realidad. Un ejemplo de ello es el Libro Blanco elaborado en 2018 por el ahora desaparecido Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS por sus siglas en inglés) del gobierno británico donde la política industrial estaba diseñada para el florecimiento del ecosistema empresarial y para contribuir con la competitividad de las empresas británicas. 

En dicho Libro Blanco se hace énfasis en la necesidad de que las empresas estatales inviertan en las nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales para que estén en posibilidad de competir y capturar una parte de las prometedoras ganancias futuras. El objetivo final de la política industrial es el engrandecimiento del Estado y su posición frente a naciones competidoras como China. Otro ejemplo de la direccionalidad de la política industrial hacia los negocios se encuentra en la industria automotriz europea que está pidiendo a las autoridades continentales que diseñen en conjunto una política que les permita competir contra las automotrices chinas dado que Europa se está llenando de autos eléctricos asiáticos. 

¿Puede la política industrial orientarse hacia objetivos sociales y de bienestar colectivo? No solo puede sino que debe de hacerlo, de acuerdo con la filosofía liberal nacida en la misma Inglaterra de inicios del siglo XX. 

En 1928 un consejo de especialistas integrado por John M. Keynes, Walter Layton (editor de The Economist) y Lloyd George, convocado por el Partido Liberal británico (que en ese momento no estaba en el poder ni tenía oportunidades de alcanzarlo),  redactó un documento titulado “El futuro industrial británico” que se conoció como el Libro Amarillo por el color de su portada. En este antecedente del mencionado Libro Blanco del gobierno de la primer ministra Theresa May se reflexiona sobre el profundo y poco explicitado propósito público que puede tomar la política industrial. 

En el Libro Amarillo se hace hincapié en que el logro del éxito empresarial no es garantía de alcanzar las metas sociales más apremiantes como el bienestar público, la creación de áreas comunes, la universalización de la salud pública y lograr que las personas vivan una vida plena y satisfactoria. Se cuestiona la idea subyacente en la teoría económica neoclásica de que alcanzar el óptimo paretiano del mercado es condición para conseguir el bienestar público. 

Se establece así un vínculo entre la política industrial y el bienestar público, no como un fin alcanzado tras conseguir el éxito empresarial y el engrandecimiento del Estado frente a otras naciones, sino como objetivo explícito perseguido con acciones concretas que beneficien a la sociedad en el corto y mediano plazo.

En conclusión, debido a la crisis económica provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania, ha surgido un debate sobre la producción nacional de bienes básicos como alimentos y vacunas. En el Foro Económico Mundial de Davos 2023, se discutió la importancia de tener una cadena de suministro diferente para productos esenciales y no esenciales. Aunque se ha mencionado la importancia de ampliar el marco de acción del gobierno para resolver diferentes problemas, también se destaca la contradicción del proteccionismo y la importancia de mantener el mundo lo más abierto posible. Así pues, la política industrial puede ser una solución para producir bienes básicos dentro de las fronteras del país, pero debe ser diseñada para beneficiar al bienestar público, no solo para el éxito empresarial y el engrandecimiento del Estado. 


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